La Casa Blanca vuelve a estar en el centro del huracán mediático tras revelarse que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría sopesando un indulto presidencial para el célebre rapero y magnate Sean “Diddy” Combs.
El artista, que fue hallado parcialmente culpable el 2 de julio de 2025 por el delito federal de transportar personas para ejercer la prostitución, enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión y, por el momento, permanece detenido sin derecho a fianza, tras una decisión histórica del juez Arun Subramanian.
Según fuentes cercanas a la administración y reveladas por medios como Deadline y TMZ, Trump considera que la fiscalía ha actuado con una actitud “excesivamente agresiva” y que la negativa a otorgar libertad bajo fianza carece de precedentes.
El propio presidente, aunque ha dejado entrever en entrevistas que su decisión no está tomada, no ha negado que la posibilidad exista y recalcó: “Sin duda, analizaría los hechos si creyera que alguien fue maltratado, le caiga bien o no”. Expertos constitucionales recuerdan que el perdón presidencial es una prerrogativa exclusiva del mandatario, con efectos legales y simbólicos profundos, aunque su otorgamiento no implica exonerar al beneficiado de culpabilidad, sino eliminar ciertas restricciones civiles y políticas.
El caso de Diddy ha adquirido tintes mediáticos debido a la atención sobre las acusaciones, así como por las polémicas y el clima de división social que genera la intervención presidencial en asuntos tan delicados.
Por ahora, ninguno de los bandos ha emitido un comunicado oficial definitivo, pero la noticia de un posible indulto sigue encendiendo el debate político y judicial, alimentando las tensiones entre quienes consideran la medida una injusticia y quienes la ven como una rectificación frente a excesos del aparato judicial estadounidense.
