Una lujosa mansión en Italia a nombre de la modelo venezolana Debora Menicucci, esposa del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, fue confiscada por las autoridades fiscales de ese país que investigan blanqueo, según el medio La Nazione.
Aunque la titular es la modelo, que también posee nacionalidad italiana, la propiedad ubicada en Toscana es “atribuible” a Maikel José Moreno Pérez, que está en una lista negra de varios países como uno de los altos funcionarios venezolanos más buscados por corrupción y violación a los derechos humanos.
El medio informó que la lujosa villa fue descubierta y sujeta a congelamiento administrativo por la Fiscalía, en los cerros de Lucca en la zona de Capannorese“durante una investigación de la Guardia di Finanza sobre un presunto caso de blanqueo de capitales en la compra de la villa. Los flujos de dinero habrían llevado a los investigadores a cuentas en Suiza, a nombre de una empresa panameña atribuible precisamente a Moreno Pérez”.
Agrega que la propiedad de Lucchese “Villa L’Uccelliera” fue comprada en 2016 por 2 millones 300 mil euros, pero tiene un valor superior cuantificado en 6 millones, y está a nombre de Debora Menicucci, de quien se sospecha “habría vivido allí hasta 2020 junto a su padre, y luego se fue tras el estallido de la pandemia”.
Las autoridades citadas por el medio dijeron que no podían descartar que “el mismo Moreno Pérez, quien entre otras cosas intentó hace años solicitar la ciudadanía italiana, pasara un tiempo allí, aunque su presencia no fuera confirmada”.
Maikel Moreno nació en 1965 y está entre los altos jerarcas venezolanos más buscados. En 1980 fue funcionario de la Disip. En el 1987 fue arrestado por el homicidio de un joven pero pronto salió en libertad.
En el 1989 fue nuevamente acusado de asesinato. Se sumó a las filas del chavismo apenas el líder de la “revolución bolivariana” llegó al poder y en 2002 defendió a los pistoleros de puente Llaguno que dispararon contra la marcha de la oposición.
En el año 2014 fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y en 2017 fue nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, uno de los años más sangrientos con probadas torturas a opositores que pedían la salida de Maduro del poder.
Ese mismo año promulgó una ley con la que restó poder a la Asamblea de mayoría opositora y entregó la potestad legislativa a Maduro. Estuvo al frente del TSJ hasta el 2022.
En 2020 Estados Unidos lo acusó de corrupción internacional y blanqueo de capitales, hasta el punto de poner una recompensa por su captura de 5 millones de dólares, y la Unión Europea que en 2018 lo nombró entre los responsables de “el socavamiento de la democracia y el estado de derecho” en el país.